La relación entre jóvenes y tecnología es un asunto que lleva meses en el disparadero. En múltiples países, las autoridades han empezado a discutir medidas que pretenden prohibir a los menores el acceso a las redes sociales o regular en qué condiciones podrían usarlas antes de la mayoría de edad.
En España, este asunto se ha materializado principalmente en el debate sobre el veto de los smartphones en los centros educativos, un paso que han dado algunas Comunidades Autónomas y que el Ministerio de Educación ve con buenos ojos. Ahora, el Gobierno quiere seguir profundizando en este asunto con un megaproyecto de ley de protección digital a la infancia que aborda frentes y medidas tan diversas como exigencias a los fabricantes de dispositivos electrónicos hasta órdenes de alejamiento virtuales, pasando por asignaturas de alfabetización digital o la inclusión de controles para la detección de adicciones relacionadas con la tecnología en la atención primaria.
El Consejo de Ministros ha debatido y aprobado este anteproyecto de ley que ha sido liderado por el Ministerio de Juventud e Infancia, gestionado por Sira Rego (Sumar), pero que ha contado también con la participación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el de Transición Digital y el de Consumo.
El anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores en los entornos digitales incluye, entre otras cosas, una serie de modificaciones en el Código Penal con el fin de adaptar las conocidas como órdenes de alejamiento para adaptarlas al actual paradigma tecnológico y crear lo que se podría definir como ‘órdenes de alejamiento virtual’. La figura, pensada para ayudar a combatir fenómenos como el acoso, pretende establecer restricciones de acceso o comunicación a través de apps de comunicación como pueden ser WhatsApp o Telegram, así como redes sociales, foros y otros espacios digitales cuando el delito se produce en su seno. Una norma «que da una respuesta eficaz a la creciente criminalidad informática» y que persigue evitar «la revictimización» de las víctimas.
Los cambios en la normativa penal también pretenden crear instrumentos jurídicos para combatir el fenómeno de las ultra falsificaciones, más conocidas por el vocablo inglés deepfakes. Un asunto que generó mucha polémica después de casos como el de Almendralejo, donde se utilizaron herramientas basadas en inteligencia artificial para crear imágenes de corte sexual de chicas menores de edad, que fueron distribuidas por diferentes grupos de WhatsApp.
La ley de protección digital recoge penas de cárcel de hasta dos años para los que creen este tipo de documentos falsos (visuales o de audio) con corte sexual o vejatorio y recoge el agravante de su distribución por internet o redes sociales, plataformas que pueden multiplicar la audiencia de este tipo de deepfakes. La puesta en marcha de la medida legislativa ha coincidido con el anuncio de la red social X, propiedad de Elon Musk, de admitir las publicaciones pornográficos así como los contenidos sexuales generados por inteligencia artificial.
Los fabricantes tendrán que ofrecer control parental desde el inicio de la configuración
El departamento liderado por Rego pretende también facilitar a los padres el poder limitar a qué contenidos pueden acceder sus hijos a través de sus dispositivos electrónicos. Por esta razón, obligará a los fabricantes de móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes a ofrecer la activación del control parental desde que se enciende el dispositivo en cuestión para la configuración inicial. La idea es que cuenten con una opción fácilmente accesible y gestionable para que los padres o tutores legales de un menor puedan establecer fácilmente y de «forma gratuita» limitaciones al uso de todos estos aparatos. En lo que se refiere a las redes sociales, eleva la edad mínima para abrir una cuenta a los 16 años para armonizar esta condición (hasta ahora eran 14 años) con otros países europeos.
Aunque el Ministerio de Sanidad no está implicado directamente en la elaboración del anteproyecto de ley, sí hay contempladas medidas en el ámbito de la atención primaria. La idea que está sobre la mesa es la de añadir pruebas a los tradicionales exámenes pediátricos con el fin de detectar adicciones y usos abusivos de las plataformas digitales. El texto prohíbe que aplicaciones dirigidas a menores de edad o las que tengan acceso no pueden incluir ‘los boxes’ u otros mecanismos de recompensa aleatoria.
Eso sí, la articulación de esta parte de la ley corresponderá al Consejo Interterritorial y a las diferentes comunidades, que son las que tienen las competencias en materia de sanidad. En el ámbito educativo, se prevé la inclusión de asignaturas para la alfabetización digital en todos los itinerarios curriculares, de la misma manera que existen materias relacionadas con la educación afectivo-sexual.
El proyecto de ley recoge otras medidas concretas como la obligación de crear un etiquetado de contenidos sensibles que pueda ser entendido fácilmente por cualquier persona, incluidas aquellas del espectro autista o con dificultades cognitivas. También hace referencia a las herramientas de verificación de edad, algo que actualmente está en desarrollo por parte del Ministerio de Transición Digital, junto a la Fábrica de Moneda y Timbre, así como la Agencia de Protección de Datos.
